TUCSON, AZ — El bufete de defensa penal Ralls and Wille, P.C., presentó el 4 de agosto de 2026 una moción para exigir la divulgación de comunicaciones y documentos relacionados con la coordinación entre la administración de Trump y la de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum entre 2025 y 2026. La coordinación entre estos dos gobiernos llevó a que México entregara a Estados Unidos a casi cien presuntos traficantes de cárteles para que enfrentaran un proceso penal, eludiendo así el tratado de extradición entre ambos países. Una de las personas entregadas al gobierno de Estados Unidos de esta manera es José Bibiano Cabrera-Cabrera, cliente de Ralls & Wille. Si la moción prospera, es probable que el bufete obtenga información sobre cómo Estados Unidos obligó a México a violar el tratado y sus propias órdenes judiciales. Esto se utilizaría para argumentar que los acusados fueron entregados ilegalmente a Estados Unidos, lo que podría dar lugar a la desestimación del proceso penal en Estados Unidos contra el Sr. Cabrera.
Durante los últimos dos años, el gobierno mexicano trasladó a un total de 92 personas, divididas en tres grandes grupos de presuntos narcotraficantes, para que fueran juzgadas en Estados Unidos. Estos traslados tuvieron lugar el 27 de febrero de 2025, el 12 de agosto de 2025 y el 21 de enero de 2026. Entre los trasladados se encuentran acusados muy conocidos cuyos casos aún están pendientes en Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, Miguel Ángel Treviño Morales, Óscar Omar Treviño Morales, José Guadalupe Tapia Quintero, Carlos Alberto Monsiváis Treviño y José Alberto García Vilano. Siguen pendientes causas penales contra al menos 65 acusados trasladados en más de 20 tribunales de todo Estados Unidos.
Ralls & Wille sostiene que estas transferencias representan una violación extraordinaria del estado de derecho. Según la moción que presentaron en el Distrito de Arizona en nombre de un acusado enviado desde México a Estados Unidos, la administración de Trump amenazó a México con aranceles y ataques militares para obligar al gobierno mexicano a transferir a los acusados. En un comunicado de prensa, la Casa Blanca caracterizó inicialmente estas transferencias como extradiciones de conformidad con el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México de 1978, pero otros departamentos del gobierno cambiaron posteriormente de rumbo y las reclasificaron como “expulsiones”. Las inconsistencias en la forma en que el gobierno ha justificado estos traslados en diferentes momentos podrían sugerir que el gobierno federal está intentando ocultar la naturaleza de los traslados.
Este patrón de conducta coercitiva por parte del gobierno concuerda con las medidas más amplias adoptadas por la administración de Trump contra presuntos narcotraficantes. La administración ha llevado a cabo al menos 22 ataques militares letales contra embarcaciones en el Caribe, alegando que su objetivo eran los narcoterroristas, al tiempo que se niega a dar a conocer el dictamen secreto de la Oficina de Asesoría Jurídica que supuestamente justifica estos ataques como actos legales de guerra.
Solo ha habido otro caso, en el que los demandados fueron expulsados de México, que haya abordado la cuestión planteada por Ralls & Wille. En el caso Estados Unidos contra Cárdenas-Guillén y otros, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el demandado Miguel Treviño Morales presentó una moción en la que planteaba impugnaciones similares basadas en motivos constitucionales y violaciones de tratados. La resolución judicial sobre la moción de Treviño Morales finalmente denegó la solicitud de obligar al gobierno federal a presentar documentos sobre las comunicaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y México. La moción presentada por Ralls & Wille será vista por un tribunal diferente. El abogado principal de Ralls & Wille, Grant D. Wille, considera que la nueva impugnación cuenta con argumentos legales más rigurosos y pruebas de respaldo que pondrán mejor de manifiesto las violaciones subyacentes a estas transferencias irregulares.
Ralls and Wille, P.C. está llevando adelante este litigio de manera activa y agradece las consultas de los abogados de los acusados que se encuentren en una situación similar y deseen impugnar la legalidad de su traslado a custodia de los Estados Unidos. Se invita a las personas interesadas en sumarse o coordinar acciones en este asunto a ponerse en contacto con el bufete.
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